Argentina:Histórico: 250 magistrados argentinos piden no criminalizar a usuarios de drogas

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Unos 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país firmaron un documento para pedir “una política de drogas más eficaz y humanitaria”. La declaración, bajo el hashtag #a30añosdeBazterrica comenzó a circular cuando se están por cumplir los 30 años del histórico fallo conocido como “fallo Bazterrica”. Los magistrados lazaron la campaña, entre otras cosas, para pedir una ley que no criminalice a los usuarios de drogas, terminar con los tratamientos compulsivos y hasta investigar el uso terapéutico de algunas de las sustancias prohibidas.

El 29 de agosto de 1986, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que perseguir a los usuarios de drogas por tenencia para consumo personal era inconstitucional. Lo hizo a partir del caso del guitarrista Gustavo Bazterrica, miembro de Abuelos de la Nada. En 1981 la policía le había allanado la casa, donde encontraron 3,6 grs. de marihuana y 0,06 grs. de cocaína. Los tribunales ordinarios lo condenaron a un año de prisión en suspenso y a pagar una multa. La Corte anuló todo: sostuvo que la persecución del delito de tenencia para consumo personal violaba el artículo 19 de la Constitución, porque invade los ámbitos de libertad personal, exentos de la autoridad de los órganos estatales.

A pesar del fallo, en los últimos 30 años el país siguió criminalizando a los usuarios de drogas. La reforma legislativa de 1989 ratificó que la tenencia para consumo personal es un delito. En 2009, con el fallo Arriola, la Corte volvió a declarar que perseguir a los usuarios era inconstitucional. En el congreso se presentaron unos veinte proyectos para adecuar la ley a esa perspectiva. Ninguno prosperó.

A 30 años de ese histórico fallo, la Asociación Pensamiento Penal (APP) redactó el documento con el título “Declaración de Magistrados Argentinos por una Política de Drogas respetuosa de los Derechos Humanos”, al que ya adhirieron 250 jueces, fiscales y defensores de todo el país, donde piden abordajes que lleven a “una política de drogas más eficaz y humanitaria”.