Hay cuatro proyectos presentados para garantizar el acceso a la planta y sus derivados para distintos tratamientos. Además de los legisladores, expusieron especialistas y familiares de pacientes que ya lo usan, pese a la falta de legislación.
La comisión de Salud de la Cámara de Diputados se reunió para debatir distintos proyectos que buscan despenalizar el consumo de cannabis para uso medicinal. Con distintos matices, las iniciativas de los bloques del Frente para la Victoria, del Frente de Izquierda, de Libres del Sur y del bloque radical buscan garantizar el acceso a la planta y sus derivados para el tratamiento de distintas enfermedades severas. De la reunión participaron también profesionales de la medicina y la investigación, asociaciones de cultura cannábica y madres que recurrieron a derivados del cannabis para tratar a sus hijos con patologías como epilepsia refractaria y esclerosis múltiple.
“Acá hay una urgencia, una necesidad. Un tratamiento que puede mejorar la vida de pacientes que sufren tanto dolor no puede ser un delito”, consideró la presidenta de la comisión de salud Carolina Gaillard (FpV). Su compañera de bancada y autora de uno de los proyectos, Diana Conti, calificó la regulación actual de estupefacientes de “vetusta, retrógrada y autoritaria” y señaló que “no se trata de convencer a nadie para que compre un producto, se trata de la posibilidad de tener una vida digna para muchísimas familias”. En igual sentido se manifestó Araceli Ferreyra, del mismo bloque, que consideró que “la ilegalidad es un negocio” e insistió en la “urgencia” de convertir en ley un proyecto que proteja a los pacientes.
Del Frente de Izquierda, la diputada Victoria Soledad Sosa explicó que su proyecto busca desligar la cuestión de la seguridad penal y plantearlo como un problema de salud. “Hay tres cuestiones que nos parecen centrales, que tienen que ver con el rol del usuario, del cultivador y de los investigadores, para que no se castigue a los primeros pero también, para que se sigan conociendo los beneficios del cannabis”, agregó. Por su parte, Myriam Bregman (FIT), rechazó la ley vigente y opinó que “solamente oscuros y millonarios intereses pueden impedir que estas iniciativas sean legalizadas”.
Los distintos especialistas dedicados al estudio del cannabis medicinal que participaron del encuentro coincidieron en la urgencia de legislar sobre esta materia. Marcelo Morante, médico, profesor e investigador de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recordó que muchos de los pacientes que necesitan del cannabis ya lo están utilizando, “pero queremos saber cómo lo utilizan, cuánto consumen, dónde lo consiguen para garantizarles el correcto uso y acompañarlos en el tratamiento”.
Morante destacó que existe suficiente evidencia científica para implementar estos tratamientos, pero, lo que no hay, es una legislación adecuada. “Esta sí es una gran deuda, un reclamo que la sociedad científica también debería acompañar”, dijo el médico, que consideró que la mayoría de los profesionales “no están preparados” para recomendar este tipo de terapias, por lo que es importante “capacitarlos para las que consideren, incluso como complemento”.
El uso de cannabidiol presenta una reducción media del 30, 40 y hasta 50 por ciento de las crisis en casos de epilepsia refractaria grave. Los efectos adversos, por su parte, son escasos (se manifiestan en el 10 por ciento de los pacientes), por lo que los estudios realizados hasta el momento sugieren que se trata de una molécula eficaz y segura. Para Silvia Kochen, jefa del Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía e investigadora del Conicet, si bien “no se trata de la panacea para todos los casos de todas las enfermedades, es una posibilidad muy importante para muchas familias que sufren estas enfermedades todo los días de su vida”.
Pedro Pianta, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora, participó de la reunión de la comisión de salud aunque en calidad de padre. Su hijo, según contó, debía tomar 24 pastillas por día para obtener los mismos resultados que luego dieron los productos derivados del cannabis. “Quienes no se dan cuenta de que el verdadero narcotráfico no tiene que ver con este tipo de consumo están profundamente equivocados. El consumo del cannabis para uso medicinal no puede ser considerado un delito”, agregó.
“Recién después de iniciado el tratamiento con el aceite cannábico, hace un año y medio, pude conocer a mi hija sin convulsiones ni irritabilidad”, dijo María Laura Alasi, de Cannabis Medicina Argentina (Cameda). La mujer contó que recurrió al cannabis medicinal para tratar a su pequeña hija, Josefina, luego de que los seis antiepilépticos de la industria farmacéutica tradicional no le dieran ninguna solución. Alasi exigió a los legisladores “que no dejen solos a los padres” y pidió que el Estado “se haga presente para garantizar que todas las familias puedan acceder a este tratamiento, y no solo quienes tengan la posibilidad de importarlo”.
“No es nada novedoso lo que estamos debatiendo, este tema, es una cuestión muy postergada”, sostuvo Sebastián Basalo, director de la revista THC. El activista de la cultura cannábica pidió “memoria y conciencia” por quienes, a la espera de poder acceder a estos tratamientos “pasaron años sufriendo innecesariamente, muchos de los cuales ya no están con nosotros”. Además, Basalo pidió que la norma que se sancione “estipule el autocultivo y sea clara”. De lo contrario, advirtió el periodista, “tendremos muchos más casos como el de Alcides, de 71 años a quien le reventaron la casa y lo sometieron a un proceso judicial porque tenía cinco plantas que utilizaba para uso medicinal”. El jubilado, un ex operario de la siderúrgica Acindar en Villa Constitución, lidiaba con las secuelas que dejaron los hornos de la fábrica en su cuerpo.
El debate de estos proyectos estaba previsto también para ayer al mediodía en la comisión de Legislación Penal, que preside la diputada radical Gabriela Burgos, que se hizo presente en la reunión y se comprometió a convocar a un plenario para abrir el debate y “sacar algún tipo de regulación para esta problemática”. Tras la reunión, Gaillard recordó que “el objetivo es avanzar hacia una reunión conjunta de Salud, Legislación Penal y Control de Adicciones que estimamos podría ser el 21 o 28 de junio; mientras tanto los asesores van a ir trabajando para lograr los consensos necesarios, llegar al dictamen lo antes posible y luego dar el debate en el recinto”.
Informe: Paz Azcárate.
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